La CEC difunde entre las empresas coruñesas las nuevas obligaciones de facturación electrónica y los requerimientos técnicos que implica
La Confederación de Empresarios de La Coruña celebró esta mañana una jornada informativa, en colaboración con el Grupo Solitium, en la que se abordó la necesidad de implantación de software certificado para cumplir con lo previsto en la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece
La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) celebró esta mañana una jornada para informar a las empresas coruñesas sobre las nuevas obligaciones de facturación electrónica. En este foro, que se celebró en colaboración con el Grupo Solitium, el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, recordó que la Ley Crea y Crece, aprobada en septiembre de 2022, recoge la obligación para todas las empresas de facturar electrónicamente a otras empresas o personas autónomas por la prestación de sus servicios, lo que obligará próximamente a adaptar sus sistemas de gestión a los requerimientos técnicos para poder emitir y recibir facturas en el formato electrónico establecido.
Fontenla recordó que, desde la fecha de aprobación del reglamento técnico que desarrollará la Ley, cuya aprobación se espera en este 2024, el plazo de implementación del nuevo sistema es de un año para aquellas empresas cuya facturación anual supere los 8 millones de euros, ampliándose a dos años para el resto. Es decir, “desde la aprobación del reglamento, la nueva normativa empuja a las pymes a incorporar el uso de la factura digital en un plazo máximo de 24 meses”.
A la vista de este cambio, que afectará de manera importante a la gestión del día a día de las empresas, implicando la digitalización de muchos procesos, la jornada puso el foco en la implantación de software certificado para dar cumplimiento a lo previsto en materia de facturación electrónica en este nuevo marco legal, y en las características necesarias que todo software deberá cumplir y que permitirá a las empresas adaptarse a la nueva normativa. Este tema fue abordado por Jaime López y Gerardo Portugués, especialistas consultores en software de gestión empresarial y documental del Grupo Solitium. Los expertos detallaron las obligaciones legales que deberán cumplirse en la nueva facturación electrónica y explicaron a las firmas coruñesas cómo los nuevos softwares de digitalización pueden ayudar con la gestión de la información, haciendo una demostración práctica de su funcionamiento.
Reglamento para los softwares de facturación
Con respecto a las características y requisitos de los nuevos softwares de facturación, a finales de 2023 se aprobó el reglamento de programas de facturación, conocido como “Verifactu”, que se empezará a aplicar en julio de 2025, y que afecta sobre todo a las empresas que producen y comercializan esta clase de programas.
A este reglamento le seguirá la orden ministerial de desarrollo técnico, a partir del cual los desarrolladores de informáticos deberán someterse a sus disposiciones en un plazo máximo de 9 meses. Asimismo, deberán incorporar a sus productos una “declaración responsable” de cumplimiento de esta normativa.
Además, todas las empresas y autónomos obligados que trabajen con un software de facturación, deberán adaptarse a la norma con plazo hasta el 1 de julio de 2025.
Entre otros requisitos, la nueva normativa en este ámbito exigirá la estandarización de formatos de facturación, que deberán seguir un estándar específico definido por las nuevas regulaciones; la inclusión de Códigos QR para facilitar el acceso y la verificación de la información; la remisión electrónica a la Agencia Tributaria de la información de facturación; protocolos estrictos para garantizar la integridad y seguridad de los datos; la conservación de registros de facturación accesibles y legibles durante un periodo de tiempo determinado; la trazabilidad de las facturas, requiriendo sistemas que permitan seguir el rastro de cada factura emitida; o el uso de Firma Electrónica y Huella Digital para validar la autenticidad de los registros de facturación.
Todo ello implicará que las empresas y autónomos tendrán que actualizar o adquirir nuevo software adaptado, lo que hará prioritaria la inversión en tecnología para asegurarse de cumplir con los nuevos estándares.
