La CEC difunde entre las empresas coruñesas las obligaciones previstas en el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad
La Confederación de Empresarios de La Coruña celebró esta mañana una jornada informativa, en colaboración con Eversheds Sutherland, en la que se abordó este proyecto normativo, en período de alegaciones
La Ley cambiaría sustancialmente las reglas sobre gobernanza de las empresas en materia de ciberseguridad y su responsabilidad en caso de ciberincidentes o conductas sancionables
Afecta a las grandes empresas y a empresas medianas que facturen más de 10 millones de euros anuales y ocupen a más de 50 trabajadores en un gran número de sectores y subsectores económicos: energía, transporte, sanidad, agua, servicios TIC, mensajería, gestión de residuos, alimentación, fabricación, investigación y seguridad privada
La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) celebró una jornada para informar a las empresas coruñesas sobre las nuevas obligaciones recogidas en el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. En este foro, que se celebró en colaboración con la firma legal Eversheds Sutherland, se analizaron los distintos aspectos de esta normativa, en período de presentación de alegaciones hasta el próximo 10 de febrero, que cambiaría sustancialmente las reglas sobre gobernanza de las empresas en materia de ciberseguridad y su responsabilidad en caso de ciberincidentes o conductas sancionables.
El texto legal transpone la Directiva (UE) 2022/2555, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. En este sentido, la Ley que en su momento se apruebe afecta a las grandes empresas y a empresas medianas que facturen más de 10 millones de euros anuales y ocupen a más de 50 trabajadores en un gran número de sectores y subsectores económicos, algunos de ellos con gran peso en el tejido económico de la provincia coruñesa: energía, alimentación, transporte, sanidad, agua, servicios TIC, mensajería, gestión de residuos, fabricación, investigación y seguridad privada.
Durante la apertura de esta reunión, el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, afirmó que “si bien en este caso concreto hablamos de una normativa obligada para transponer una Directiva europea, y que consideramos la ciberseguridad una garantía esencial de la que hemos de responsabilizarnos a todos los niveles, no nos cansaremos de insistir en que las empresas necesitamos un marco legislativo más simple y estable, que proporcione un marco de seguridad jurídica, y sea un aliado, y no un obstáculo, para la actividad”.
En la Jornada participaron Andrés Jiménez, Socio de Derecho Público y Vicente Arias Maíz, Socio de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Eversheds Sutherland. Los ponentes destacaron el significativo aumento del número de empresas que quedarán sujetas al cumplimiento de las nuevas normas sobre ciberseguridad, la importancia de los órganos de dirección en el cumplimiento de las normas que se aprueben, el contenido del marco de gestión de riesgos y la responsabilidad que se atribuye a los mencionados órganos de dirección.
