EL ARBITRAJE: UNA SOLUCIÓN REAL PARA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS EMPRESARIALES
¿Qué es el arbitraje?
El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial, regulado en la Ley 60/2003, el cual consiste en que dos partes (empresario/as o particulares) acuerdan que un tercero independiente (el árbitro) resuelva definitivamente su conflicto y que su decisión (laudo) será obligatoria.
Las partes pueden pactar someterse al arbitraje incluyendo en sus contratos una cláusula (cláusula arbitral) en la que manifiestan que las controversias relativas al contrato se resolverán por medio de arbitraje; o, si no han incluido esa cláusula, pactando acudir al arbitraje en el momento en el que surja el conflicto.
¿Quién es el árbitro?
El árbitro es un persona independiente e imparcial, designada por las partes de común acuerdo o por la institución, que resolverá el conflicto aplicando el ordenamiento jurídico, para lo cual deberá ser jurista, o aplicando la equidad.
¿Qué ventajas proporciona el arbitraje?
El arbitraje proporciona las siguientes ventajas frente a la vía judicial y otros medios de resolución de conflictos:
¿Qué ofrece la Corte Arbitral del Noroeste, dependiente de la Confederación de Empresarios de La Coruña?
La Confederación de Empresarios de La Coruña («CEC») ha constituido la Corte Arbitral del Noroeste («Corte» o «CAN») como órgano independiente para administrar los arbitrajes al servicio del empresariado coruñés.
En concreto, además de actuaciones de apoyo (documentación, notificaciones…), la Corte se encarga de regular el procedimiento que conduce al dictado del laudo, para lo cual cuenta con un Estatuto y un Reglamento modernos y ágiles y un Arancel competitivo, asegurando la obtención de un laudo en seis meses y con ahorro de costes; supervisa y presta apoyo en la tramitación del procedimiento, y designa a los árbitros que resolverán el conflicto cuando las partes no los hayan elegido.
Para el nombramiento de los árbitros, la CAN cuenta con una lista de dieciséis árbitros, abogado/as, economistas y profesores universitarios con amplia experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales. De entre esas personas candidatas, la Corte selecciona al profesional más adecuado para la controversia, de forma que se garantiza que el laudo gozará de seguridad.